Trump pide ayuda a la Corte Suprema para revocar el estatus de protección para venezolanos
Trump hace una petición directa a la Corte Suprema para que termine con las protecciones de deportación del TPS para venezolanos en Estados Unidos.
Donald Trump pide ayuda a la Corte Suprema. La istración del republicano ha emitido una solicitud para que el máximo tribunal elimine las protecciones de deportación a los inmigrantes venezolanos que pertenecen al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
¿Qué es el TPS?
El TPS fue creado en 1990 por el Congreso de los Estados. Tal como su nombre lo indica, es un programa temporal que permite a los individuos de ciertos países vivir y trabajar legalmente en EE.UU., ya sea porque corren peligro o existen situaciones de inestabilidad en sus países de origen. Actualmente, hay cerca de un millón de personas, provenientes de 17 países diferentes, viviendo en la Unión Americana bajo esta medida.
¿Por qué Trump quiere revocar la protección del TPS para los venezolanos?
Poco antes de abandonar la presidencia, Joe Biden amplió el TPS para los migrantes de El Salvador y Venezuela por 18 meses más. No obstante, durante sus primeros días en la Casa Blanca, la extensión para los inmigrantes venezolanos fue revocada por la istración Trump, con el objetivo de llevar a cabo la mayor deportación en la historia, lo que pondría fin a tal protección el pasado 7 de abril.
Sin embargo, el juez Edward Chen bloqueó la decisión de Trump, argumentando que podría haber estado influenciada por razones raciales. El fallo del juez puso a salvo de la deportación, de manera temporal, a miles de migrantes venezolanos cuya extensión había sido previamente aprobada. Ahora, Trump busca que la Corte Suprema anule la ampliación del presidente Biden, bajo el argumento de que tiene derecho a hacerlo.
Según la petición del republicano, la decisión de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, no debería estar sujeta a revisión judicial, ya que las decisiones migratorias deberían quedar exclusivamente en manos del gobierno federal.
“La orden de la corte contraviene las prerrogativas fundamentales del poder ejecutivo y retrasa indefinidamente decisiones políticas delicadas en un ámbito de la policía de inmigración que el Congreso reconoció que debe ser flexible, ágil y discrecional”, se lee en el documento.
Ante tal situación, la Corte Suprema ya ha solicitado que los representantes de la Alianza Nacional TPS y los venezolanos afectados respondan a la apelación la próxima semana.
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